Este es nuestro mensaje: vamos a cogerlos y vamos a aplastarlos(1). Es hermoso. En realidad, es una imagen bastante hermosa a su manera.

Bill de Blasio, exalcalde de Nueva York

A las 10:30 de la mañana del 12 de noviembre de 1986, miles de bolsos Fendi falsos fueron triturados por camiones de basura en el sencillo aparcamiento del restaurante Tavern on the Green situado en Central Park. Supervisando la escena se encontraba nada menos que la heredera de la empresa Carla Fendi, que había volado desde Italia para presenciar esta espectacular demostración de poder y despilfarro. La destrucción de los productos confiscados tenía como objetivo señalar el triunfo de la corporación Fendi sobre una industria de productos pirata que, supuestamente, movía millones, y servir de advertencia a los falsificadores. En representación de la familia Fendi, el selecto bufete de abogados Pavia & Harcourt contó con una joven y ambiciosa abogada que había ideado esta elaborada maniobra publicitaria: Sonia Sotomayor, que más tarde pasaría a ocupar el cargo de jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Según el fundador del bufete, George Pavia, «Fendi Crush» –como se llamó al gran espectáculo de destrucción que Sotomayor ayudó a idear y llevar a cabo– fue «el pináculo de nuestro éxito, y Sonia su principal artífice». En origen, Sotomayor tenía una visión aún más espectacular: esperaba prender fuego al montón de bolsos en un despliegue sensacional («Fendi Burn»), pero sus aspiraciones incendiarias fueron rápidamente extinguidas por el departamento de bomberos. Deleitándose con la crudeza y el glamour de los mercados clandestinos, Sotomayor relata en sus memorias la «emocionante aventura de las operaciones de incautación» en Canal Street, donde ella misma llevó a cabo redadas contra vendedores de productos pirata en un saqueo de mercancías autorizado por el Estado.

En aquel momento, la cobertura mediática presentó el «Fendi Crush» como una gran victoria para la marca italiana en su guerra contra los productos falsificados, pero hoy prácticamente no existe documentación al respecto y el suceso ha sido olvidado por el público. Actualmente, el popular mercado de artículos de lujo falsificados de Canal Street, en el Bajo Manhattan, continúa con su actividad en lo que todos parecen reconocer como una farsa sin fin: un juego del ratón y el gato que se prolongará indefinidamente. De hecho, el trabajo de todos depende de las actividades de su supuesto adversario. Los falsificadores necesitan de las marcas de lujo para producir nuevos diseños que piratear, y las marcas de lujo necesitan a los falsificadores para alimentar el deseo por sus nuevos diseños. Los vendedores pirata a veces se refieren a sí mismos como «publicistas no remunerados» de estas marcas de lujo, generando expectación al exhibir y promocionar sus últimos productos por toda la ciudad. La mera existencia de un mercado de falsificaciones despierta el deseo por el producto original, y subraya su carácter inalcanzable. Sin embargo, estos mercados también alimentan un impulso anticapitalista, ya que los productores, vendedores y consumidores de falsificaciones eluden la ley para adquirir artículos que no pueden permitirse. Dentro de esta dinámica, la labor de las fuerzas del orden se revela como un adalid de la protección de la propiedad más que de las personas; los policías acosan y arrestan a los vendedores y luego, según se cuenta en Canal Street, regalan los productos confiscados a sus esposas e hijos por Navidad.

«Fendi Crush» se inscribe en una larga tradición de actuaciones políticas protagonizadas por personajes poderosos que implican el acopio y la destrucción de grandes cantidades de bienes confiscados. Como ejemplo de esta genealogía, durante la década de 1980 fueron habituales las destrucciones estatales de relojes de lujo falsos de marcas como Cartier, que eran aplastados por apisonadoras, a menudo adornadas con el logotipo de la marca, ante una audiencia de espectadores que vitoreaban. Asimismo, en todo el mundo, desde Tailandia hasta Alemania, los funcionarios de aduanas han intentado combatir la proliferación de falsificaciones aplastando montones de productos extranjeros incautados en la frontera. Estas imágenes, que circulan ampliamente en las redes sociales y en las noticias, documentan actuaciones públicas que pretenden demostrar la fortaleza de las fronteras nacionales. El actual [en el momento de escritura de este texto] alcalde de Nueva York, Eric Adams, es conocido por llevar a cabo, con gran fanfarria, una destrucción anual de motocicletas de cross, quads todoterreno, y scooters confiscados como parte de su «guerra» contra estos vehículos ilegales. Recientemente, en 2024, Adams organizó una destrucción de más de doscientos ciclomotores, scooters y bicicletas en Staten Island y en 2022 aplastó cien bicicletas con una excavadora en un depósito de Brooklyn ante los periodistas y funcionarios municipales. Adams parece haber heredado esta obsesión de su predecesor, el exalcalde Bill de Blasio, quien en su día elogió la destrucción como un convincente mensaje visual:

Hay algunos problemas que son difíciles de solucionar, pero hay otros que se pueden machacar y aplastar, y este es uno de ellos. Por lo tanto, quiero darles un segundo para que todos se preparen y se coloquen en sus posiciones. Luego, daré la señal a los operadores de las excavadoras, que están a punto de realizar un gran acto de justicia, y queremos agradecerles por ello. Venga, pónganse todos en posición para poder hacer las fotos que necesitan.

Está claro que el objetivo de una destrucción así es dar la impresión de que los gobiernos se están ocupando de los asuntos públicos, consiguiendo por fin algo mediante la eliminación física de elementos caóticos y de oponentes rebeldes. Y, en realidad, solo se trata de conseguir la foto. 

En lugar de mejorar las condiciones materiales de la ciudadanía, una destrucción o una quema de productos permite a los políticos transmitir su poder ante los ojos de los votantes. Por ejemplo, en medio del continuo fracaso de la guerra contra las drogas, la policía escenifica la destrucción de la marihuana y la cocaína confiscadas, en gran medida como una forma de informar al público de que se está haciendo algo, y que la policía no se está limitando a disfrutar de las drogas confiscadas. Como dice el inspector James Stephen, jefe de una fuerza especial antidroga en Barbados, las quemas de drogas no se llevan a cabo para acabar con la distribución y el consumo de sustancias ilegales, sino para que «el público confíe en la policía y que sepa que una vez que recuperamos la droga, la destruimos». ¿Problemas estructurales de desigualdad y violencia? Esos problemas son «difíciles de superar» y, de hecho, en su mayoría no se abordan. Pero, ¿la moto de un adolescente? ¡Aplastada! ¿Un montón de marihuana? ¡Incendiada! Nada cambia sustancialmente y el ciclo continúa. Siempre hay más motos que aplastar, más drogas para la hoguera. Más trabajo por hacer. La futilidad de la lucha se utiliza entonces, paradójicamente, para justificar la necesidad de una fuerza policial cada vez mayor.

 Presumiblemente, el objetivo de estos actos es demostrar el control del Estado sobre los infractores de la ley y disuadir a cualquiera que produzca o consuma productos ilegales. Pero también es un intento de contrarrestar y ocultar la impotencia fundamental de las fuerzas del orden para «ganar» en la lucha contra los productos no regulados, haciendo que los mercados clandestinos parezcan concretos y conquistables mediante su aplastamiento. En estas guerras difíciles de manejar, la ilusión de «victoria» que representa la destrucción física difunde una contranarrativa desesperada frente a la realidad de la derrota. Una pila de productos confiscados sustituye a las difusas redes de comercio informal y a las comunidades a menudo marginadas que participan en ellas. Al aplastar bolsos pirata, Sotomayor intenta aplastar los mercados pirata de Nueva York, lo que eliminaría el sustento de los vendedores ambulantes, en su mayoría migrantes, y sumiría sus vidas en una mayor precariedad. Sin embargo, dado que los mercados en sí mismos persisten inevitablemente, el aplastamiento sirve más como una demostración de fuerza para ganarse el reconocimiento de la élite, decidida a perseguir a los vendedores ambulantes, que para erradicar los mercados callejeros. Cuando Adams destruye las bicicletas confiscadas, está destruyendo simbólicamente a aquellos neoyorquinos, en su mayoría jóvenes racializados, que desafían los usos regulados por el Estado de las motos y bicicletas: como forma de ejercicio u ocio limitado a los carriles bici de la ciudad, y como medio de transporte para ir al trabajo, como en el peligroso y mal remunerado trabajo de los repartidores en bicicleta de la ciudad. Las motocicletas ilegales que atraen la ira del alcalde se utilizan, en cambio, para hacer alarde de destreza atlética, audacia y maniobras similares a bailes que interfieren con las funciones orientadas a la productividad de la moto y la bicicleta en el paisaje urbano. «Hoy serán aplastadas para que nunca más puedan aterrorizar nuestra ciudad», proclamó Adams en una de sus últimas destrucciones. Sin embargo, atacar los instrumentos de estos conductores no servirá para disuadir el impulso que hay detrás de los usos subversivos de las motos y bicicletas: una forma de expresión y autoafirmación desafiante que arrebata las calles a los coches y camiones y detiene momentáneamente el transporte de bienes y servicios.

Las espectaculares exhibiciones de destrucción de productos por parte de funcionarios gubernamentales guardan un parecido sorprendente con los métodos empleados por las marcas de lujo que, con el fin de cultivar la percepción de escasez de sus productos –y avivar las llamas del deseo–, destruyen intencionadamente el stock que no ha tenido salida para garantizar que no se venda nada a través de canales ilícitos. En una nación [EE. UU.] cuyo mito fundacional es el beneficio por encima de todo, cabría pensar que no sería aconsejable destruir grandes cantidades de productos perfectamente utilizables. Sin embargo, la alegría y satisfacción que parecen expresar todos los implicados en los procesos de destrucción y quema –desde políticos y fuerzas del orden hasta camioneros, periodistas y espectadores– sugiere un placer compartido, motivado por la destrucción de bienes como forma de lidiar con la ansiedad del exceso; como una forma de liberación y como un gesto espectacular que produce una sensación de control sobre lo incontrolable.

La pila de falsificaciones confiscadas en «Fendi Crush» recuerda a los rituales de exceso y sacrificio de diferentes culturas y épocas, en los que se ofrecían bienes para apaciguar a los dioses, mantener el statu quo y consolidar los lazos sociales de deuda entre las personas o entre los líderes y sus seguidores. A modo de ejemplo, el rito ceremonial del potlatch, practicado por los pueblos indígenas del noroeste del Pacífico, consiste en la entrega ritualizada o la destrucción de objetos valiosos, como mantas, ropa o joyas. Un líder que entrega su riqueza acumulada como regalo o sacrificio no solo demuestra su riqueza y poder, sino que también se asegura la lealtad de los beneficiarios, que están socialmente obligados a corresponderle. Una práctica que comenzó como un intercambio de regalos se convirtió más tarde en un proyecto competitivo para superarse unos a otros en expresiones performativas de desprecio por la riqueza, hasta el punto de destruir todas tus propias pertenencias. Las ceremonias potlatch se consideraron en un momento dado tan desestabilizadoras para las relaciones de propiedad en los territorios colonizados de América que, en 1851, el gobierno de Canadá las prohibió por completo. Sin embargo, los publicistas siguieron aprovechando el poder del ritual, apropiándose de su forma y de su estética poniendo la ceremonia al servicio del mercado. La comisaria Candice Hopkins describe cómo, en 1812, los empresarios de Seattle trataron de dar a conocer la ciudad e impulsar la economía local con un festival llamado «Golden Potlatch», apropiándose de los motivos de un potlatch tradicional, pero sin los actos de redistribución material. Cuando los gobiernos y las marcas destruyen bienes, se trata de una especie de potlatch pirata, en el que demuestran su propia riqueza a través del grado de desprecio que muestran por las pertenencias materiales de otros (los falsificadores), conjurando así los efectos mágicos de la destrucción ritual para inclinar la balanza de las relaciones de propiedad a su favor. 

Al analizar el potlatch en su libro de 1949 titulado La parte maldita, el filósofo Georges Bataille teoriza que, para mantener el equilibrio en la sociedad, el excedente de energía debe gastarse lujosamente en rituales o en arte, o expulsarse mediante actos masivos de destrucción como la guerra. En Canal Street, los clientes gastan sus ingresos disponibles mediante compras minoristas. Consideremos, también, los saqueos que tuvieron lugar durante el levantamiento que siguió al asesinato policial de George Floyd en 2020. Mientras que muchos comentaristas condenaron la apropiación espontánea de artículos de lujo como una destrucción sin sentido de la propiedad privada, otros señalaron cómo los saqueos pusieron de relieve una injusticia más profunda: los artículos de lujo se valoran más que las vidas humanas. Basándose en las observaciones de Bataille sobre el potlatch, el antropólogo Michael Taussig escribe que «el rasgo definitorio de una sociedad no era cómo producía riqueza, sino cómo la gastaba, o en otras palabras, cómo la sacrificaba». Los potlatch, los saqueos y las destrucciones de bienes incautados pueden parecer similares, pero mientras que los dos primeros pueden servir para subvertir o cambiar las relaciones de propiedad desiguales al «liberar» los bienes, el aplastamiento –el «crush»– sirve para mantenerlas.

La destrucción de la propiedad puede ser un acto violento y derrochador, así como una herramienta para construir solidaridad y crear estructuras alternativas de intercambio. Lo que se considera «robado» –y a quién se le llama «ladrón»– depende de quién tiene el poder y los recursos para castigar al acusado y, por lo tanto, para definir los términos. La confiscación de productos falsificados e ilícitos puede entenderse como un saqueo sancionado por el Estado, pero mientras que el aplastamiento destruye los bienes, las falsificaciones y el saqueo ofrecen la posibilidad de su redistribución y uso. ¿Cómo sería reapropiarse de la de la trituración de bienes, de la quema, como una forma de potlatch contemporáneo, en el que la destrucción de la propiedad evoca la irreverencia hacia el acaparamiento de la riqueza y la noción misma de propiedad? Prender fuego a los productos o aplastarlos hasta convertirlos en una masa informe libera a estos objetos de su condición de mercancías, convirtiéndolos en una ofrenda sacrificial. Quizás estemos suplicando a los dioses que nos perdonen por este exceso violento: la explotación de las personas y de la tierra de la que depende la producción de artículos de lujo(2) .

Traducido por Archivo Orsini